jueves, 4 de noviembre de 2010

Un compañero docente ACUSA desde Lanzarote

Yo acuso…

Aunque no lo parezca porque ando subiéndome por las paredes, estoy aún en pleno uso de mis facultades mentales y, en este estado, digo que me cansé de aguantar… No podemos permitir más abusos de poder. De hoy no pasa. Y, así y aquí, denuncio públicamente a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias por incurrir en una descarada prevaricación al imponer en los Centros Educativos el denominado Plan de Sustituciones Cortas. Aunque, como en todo asunto no juzgado, hay que presumir siempre la inocencia de los presuntos delincuentes. Y entonces digo, mejor, que denuncio a la Consejería de Educación de incurrir presuntamente en una descarada prevaricación.
Presunta prevaricación porque todos ellos sabían, al emitir la Resolución de 31/08/2010, de la injusticia que se estaba dictando, pues todos ellos presuntamente son conocedores de que se contraviene la Orden de 28/07/2006 (Circular nº 1), el Decreto 81/2010 (ROC), la Ley 2/1987 de la Función Pública Canaria e, incluso, la Constitución, legislación toda de rango superior y que queda vulnerada en varios apartados. Todo ello se puede demostrar muy fácilmente donde y cuando se desee.
El Sr. Director General de Centros, el Sr. Director General de FP, la Sra. Directora General de Personal y la Sra. Directora General de Ordenación, todos ellos altos cargos de la Consejería de Educación, tenían que saberlo y firmaron una Resolución que pasará a los anales de los mayores recortes de derechos laborales y educativos de los últimos tiempos. Me los he imaginado a todos (porque les presupongo un alto grado de conocimiento en materia educativa y laboral) con bastantes dudas antes de la firma. Pero también me los he imaginado dóciles ante las órdenes de las más altas instancias, esto es, de la propia Sra. Consejera de Educación, con el visto bueno más que probable del Sr. Presidente. Pues a todos ellos y ellas son a quienes yo denuncio públicamente.
En ninguna empresa, a ningún trabajador se le puede imponer lo que no está convenido. No se puede cambiar las funciones y tareas de un trabajador porque a los jefes se les ocurra de repente un buen día.
Pues eso es lo que está sucediendo este curso en los Centros educativos de Secundaria de Canarias. Cuando falta, por ejemplo, el profesor de Inglés, por enfermedad o por cualesquiera otros motivos, no hay profesor sustituto, sino que la Consejería ha impuesto que los alumnos sean atendidos por el profesor de Lengua, o el de Física y Química, o alguno que esté “disponible” por ahí, no importa que ese profesor esté en sus funciones de Tutoría o Jefatura de Departamento, o que sea un profesor que esté en sus tareas de Biblioteca, o de Guardia, o en la coordinación del Departamento didáctico o en las funciones de Orientación, o que sea miembro del Equipo Directivo y esté empeñado en las complejas tareas de organizar y hacer que funcione un Centro…, tareas todas ellas perfectamente reguladas y establecidas en el Decreto 81/2010 ahora impunemente vulnerado por una norma de rango inferior. Además, se cambian las condiciones de empleo sin negociación colectiva alguna. Y dicen que hay una Ley de la Función Pública Canaria. No veas si no la hubiera.
No importa, señores padres, que su hijo no reciba hoy clases de Matemáticas ya que recibirá la atención del profesor de Francés. Salvando las diferencias, es como si un ciudadano ingresara en el Hospital por una fractura abierta y el traumatólogo estuviera de baja, y entonces se le dijera: “Usted tranquilo, que hoy tenemos de guardia a un dermatólogo”.
Quédense ustedes tranquilos y no se preocupen porque esto es también calidad en el servicio educativo. De hecho este maravilloso Plan es pionero en España, y pronto nos copiarán. ¿Y la parte positiva? ¿Han pensado en todo el dinero que nos vamos a ahorrar? Porque este Plan se gestó, señores padres, porque este año hemos pensado en cubrir solo algunas bajas (y a los hechos nos remitimos). Pero entonces tuvimos el dilema de hacerles enfadar a ustedes (dejando a sus hijos sin atender) o a los profesores (recortándoles derechos laborales). Y optamos por lo segundo. Pero parece que el tiro ha salido por la culata pues a estas alturas parece que andan cabreados todos.
Hay que tener poca vergüenza, por mucha crisis que haya, para diseñar un Plan de estas características. Por mucho que se utilice esta excusa, docentes, padres y alumnos no deberíamos permitir que se cometan estos atropellos, como así está ocurriendo con varias denuncias en los juzgados, recursos de alzada denuncias públicas y protestas en la calle.
Sí, yo acuso públicamente. Sí, y acuso siendo consciente de que si me equivoco, soy yo el que incurro en un posible delito de calumnia. Y al final a mí, que soy hombre curioso, me gustaría saber si están mis superiores presuntamente prevaricando o yo presuntamente calumniando, y no me importaría que se dirimiera si esta opinión aquí vertida es o no calumnia. Ya sé que es un reto arriesgado, pero andar subiéndome por las paredes también lo es. Así, yo estaría dispuesto a esperar a quien quiera a las doce en el Juzgado. Con los pies en el suelo y mi mejor artillería preparada.

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